Hace algunas semanas solicité, vía Ley de Transparencia, información a un órgano del Estado. No buscaba nada reservado ni sensible, sino bases de datos que en cualquier país con vocación de hub digital deberían estar a un clic de distancia. La respuesta que recibí merece guardarse como pieza de museo de la burocracia criolla: me dijeron que lo solicitado afectaba el debido cumplimiento de las funciones del servicio, invocando el artículo 21 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Esta excusa administrativa –que permite denegar datos si supuestamente interfieren en el trabajo estatal– encierra una lógica que lleva años frenando la productividad, la innovación y la inversión en Chile.
Imagina: si cada institución estatal listara de manera simple sus bases de datos, la mayoría de las solicitudes simplemente no existirían. La gente no pide por capricho, sino porque no encuentra lo que debería estar a la vista, como permisos diversos, información territorial o estadísticas sectoriales actualizadas. El sistema actual nos empuja a un callejón absurdo: para obtener datos públicos por definición, debemos esperar hasta veinte días hábiles y, normalmente, escuchar que nuestra búsqueda entorpece la labor estatal. Pero lo que realmente desvía recursos es que cientos de personas pidan individualmente lo mismo, porque el Estado no se ha tomado el trabajo de publicarlo de una vez.
Un país que aspira a convertirse en hub digital no puede seguir funcionando como si los datos públicos fueran archivos guardados en un cajón. Los datos son hoy infraestructura productiva: permiten modelar mercados, planificar inversiones en ciudades inteligentes, mejorar la gestión urbana y diseñar políticas públicas más eficientes. Por ejemplo, en economía urbana, datos abiertos sobre permisos territoriales podrían optimizar inversiones en vivienda o transporte, reduciendo costos y atrayendo capital extranjero. Cuando esa información permanece dispersa o escondida detrás de procedimientos burocráticos innecesarios, el resultado no es más control, sino menos desarrollo.
Chile está ad portas de un salto importante en gobernanza de datos con la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, publicada el 13 de diciembre de 2024 y que entrará plenamente en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Este nuevo marco no solo moderniza la protección de la información personal –creando la Agencia de Protección de Datos Personales para fiscalizar–, sino que abre una oportunidad para repensar cómo el Estado gestiona y publica los datos que sí son públicos. Este es el momento oportuno para que la próxima administración incorpore una visión de eficiencia institucional: cada órgano público debería publicar un inventario claro de sus bases de datos, indicando su periodicidad de actualización, formato y nivel de apertura. En el ámbito de la industria inteligente, esto podría impulsarse con herramientas de IA para automatizar la publicación, liberando a funcionarios para tareas de mayor valor.
Esto no requiere más burocracia ni grandes reformas legales. Requiere algo mucho más simple: voluntad de transparencia inteligente. Si un ciudadano, investigador o emprendedor puede ver claramente qué información posee el Estado, dejará de pedir lo obvio y los funcionarios podrán enfocarse en lo que realmente importa.
La verdadera modernización del Estado no consiste en multiplicar procedimientos, sino en convertirlo en una plataforma digital abierta y eficiente. Quienes modelamos, invertimos y tomamos decisiones con datos necesitamos menos excusas administrativas y más información disponible en formatos que realmente impulsen el desarrollo del país.
