Mientras la discusión pública sigue atrapada en la permisología que asfixia la inversión y en diagnósticos estatales que llegan tarde, existe una realidad de mercado que avanza más rápido que cualquier regulación: la competencia por el suelo entre el techo para las familias y el espacio para el emprendimiento logístico.

En este 2026, donde la reactivación económica es una urgencia moral, somos testigos de cómo la iniciativa privada ha transformado la morfología de Santiago. Lo que algunos académicos llaman logistics sprawl no es otra cosa que el mercado buscando oxigenación y eficiencia ante un centro urbano saturado y sobreregulado.

Sin embargo, esta dinámica virtuosa enfrenta un obstáculo mayor: la rigidez normativa. La industria logística y el desarrollo inmobiliario habitacional no son enemigos; ambos son motores de inversión que hoy compiten por un recurso escaso, encarecido artificialmente por planos reguladores obsoletos que no entienden la velocidad de la economía moderna.

El desafío de localización hoy es crítico. En la periferia, donde el emprendedor busca instalar capacidad productiva y generar empleo, se encuentra con trabas de uso de suelo que disparan los costos. Esto genera un efecto dominó: terrenos que, con reglas claras y libertad de construcción, podrían ser viviendas dignas para la clase media, terminan siendo inviables por la incertidumbre jurídica o capturados por tomas ilegales ante la inacción del Estado.

Por otro lado, al interior de la ciudad, la logística de «última milla» —esa que permite que una Pyme venda sus productos a todo Santiago— busca espacios cerca del Metro y de los ejes estructurantes. Aquí es donde el transporte público juega un rol clave, no solo como servicio social, sino como un activo de productividad que debe ser seguro, eficiente y de calidad. Un Metro seguro y autopistas urbanas fluidas valorizan el suelo y permiten que las personas elijan libremente dónde vivir y trabajar, sin ser rehenes de la congestión ni de la delincuencia en sus traslados.

¿Cuál es el riesgo de seguir poniendo trabas? Si la autoridad insiste en decidir desde un escritorio dónde debe ir cada ladrillo, seguiremos encareciendo la vida de los chilenos. Necesitamos certeza jurídica para que el privado invierta. Si permitimos que la logística moderna y eficiente se integre con desarrollos residenciales bien conectados, generaremos barrios más seguros, con actividad económica y servicios a la mano.

La solución no pasa por más Estado planificador, sino por un Estado que garantice seguridad y deje hacer. Necesitamos instrumentos flexibles que permitan al mercado asignar el suelo allí donde genera mayor valor social y económico. La logística es infraestructura crítica para el crecimiento; la vivienda es la base de la familia y la propiedad. Ambas pueden y deben convivir, siempre que la burocracia deje de ser el tope para el desarrollo de nuestras ciudades.